Durante años hemos evaluado la prevención del blanqueo de capitales mediante una pregunta equivocada: ¿cumple la organización formalmente con la normativa?

Comprobamos si existe un manual, si se ha constituido el órgano de control interno, si los empleados han recibido formación, si se identificó al titular real, si se aplicaron medidas de diligencia debida y si las operaciones sospechosas fueron examinadas y, en su caso, comunicadas al Sepblac.

Todo ello es necesario. Pero no responde a la pregunta verdaderamente importante: ¿ha servido el sistema para impedir, detectar o dificultar el blanqueo de capitales? El principal hándicap de la prevención del blanqueo no es la ausencia de normas, controles o profesionales. Es que todavía no disponemos de un sistema suficientemente sólido para medir su efectividad real de principio a fin.Y aquello que no se mide correctamente corre el riesgo de convertirse en una acumulación de procedimientos, documentos y comunicaciones cuya existencia puede acreditarse, pero cuya utilidad no siempre puede demostrarse.

España cuenta con un modelo preventivo desarrollado, basado en la Ley 10/2010, en su reglamento y en un amplio conjunto de obligaciones para entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, asesores fiscales, abogados, auditores, operadores de juego, proveedores de servicios de criptoactivos y otros sujetos obligados. Sin embargo, la existencia de una arquitectura normativa completa no garantiza por sí sola su efectividad.

El propio GAFI distingue entre el cumplimiento técnico —disponer de leyes, instituciones y obligaciones adecuadas— y la efectividad, entendida como la capacidad del sistema para producir resultados frente a los riesgos reales. Su metodología actual exige valorar resultados inmediatos relacionados con la inteligencia financiera, las investigaciones, las sanciones y el decomiso, no solamente comprobar que la regulación existe. GAFI, metodología de evaluación

Esta diferencia es fundamental. Una entidad puede tener un expediente formalmente impecable y, al mismo tiempo, no detectar una estructura de testaferros, una red de cuentas mula o una sociedad pantalla. También puede suceder lo contrario: una organización con procedimientos mejorables puede generar una comunicación decisiva para desarticular una trama criminal.

Porque un sistema que no puede demostrar qué riesgo ha reducido corre el peligro de convertirse en una costosa representación del cumplimiento.Y el blanqueo de capitales no se combate representando que prevenimos. Se combate siguiendo el dinero, comprendiendo las estructuras, compartiendo inteligencia y privando al delincuente de sus beneficios.

Por tanto, medir la prevención únicamente por el número de controles realizados es tan insuficiente como medir la calidad de un hospital por el número de historiales clínicos cumplimentados.

En 2024, los sujetos obligados remitieron al Sepblac 24.320 comunicaciones por indicio, frente a las 13.854 del año anterior, lo que representa un aumento del 76 %. Ese mismo año se elaboraron más de 12.000 informes de inteligencia financiera. El nuevo sistema de comunicación relacionado con cuentas mula permitió declarar más de 30.000 cuentas, 1,5 millones de operaciones y movimientos superiores a 700 millones de euros. Memoria de actividades del Sepblac 2024. Son cifras relevantes, pero conviene no equivocarse: más comunicaciones no significan necesariamente más prevención.

Un incremento puede responder a una mejora en la detección, pero también a una expansión del riesgo, a sistemas automáticos excesivamente sensibles, a comunicaciones defensivas o al miedo del sujeto obligado a ser sancionado por no comunicar. Contar alertas, expedientes y comunicaciones mide actividad. No siempre mide utilidad.

Además, comparar entidades atendiendo exclusivamente al número de comunicaciones puede generar incentivos perversos. Una organización podría ser considerada más diligente por comunicar miles de operaciones poco relevantes, mientras otra, que identifica pocas tramas, pero de gran calidad, podría aparentar una actividad preventiva menor.

El propio Sepblac reconoce diferencias importantes en la calidad de las comunicaciones. En algunos sectores observa alertas poco actualizadas o falta de seguimiento; en otros, buena información técnica pero escasa profundidad analítica. También señala que determinadas profesiones no financieras realizan pocas comunicaciones, aunque algunas de ellas presentan una relevancia elevada.Por eso, la cantidad nunca debe sustituir a la calidad.

La prevención del blanqueo se enfrenta a una dificultad metodológica evidente: no conocemos con exactitud cuánto dinero se blanquea. El blanqueo es una actividad deliberadamente oculta. No existe un denominador fiable que permita afirmar qué porcentaje de los fondos ilícitos ha sido detectado. Las estimaciones sobre economía criminal y flujos financieros ilícitos pueden resultar orientativas, pero no ofrecen la precisión necesaria para medir el rendimiento anual de un sistema nacional.

Tampoco es sencillo atribuir un resultado concreto a un único interviniente. Entre la primera alerta y una sentencia pueden participar una entidad financiera, el Sepblac, la Policía, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los órganos judiciales. El procedimiento puede prolongarse durante años y concluir con una condena, un archivo, una conformidad, un decomiso o una investigación diferente de la inicialmente planteada. Si no existe trazabilidad entre todos esos eslabones, la entidad que comunicó desconoce qué utilidad tuvo su información y el sistema pierde la posibilidad de aprender.

Estamos exigiendo a miles de sujetos obligados que detecten operaciones sospechosas, pero con frecuencia no les proporcionamos un retorno suficiente para saber qué detectaron bien, qué comunicaron tarde, qué información fue decisiva o qué patrones dejaron escapar. Eso no es solamente un problema estadístico. Es una debilidad estructural.

No existe un indicador único capaz de resolver esta cuestión. La efectividad debe medirse mediante un conjunto equilibrado de indicadores y siempre en función del riesgo. Propongo siete grandes bloques.

1. Calidad e inteligencia aportada

No debería puntuarse únicamente si hubo comunicación, sino si esta fue completa, oportuna y verdaderamente útil.

Habría que valorar:

La correcta identificación de personas, sociedades y titulares reales.

La reconstrucción de vínculos entre operaciones aparentemente aisladas.

La identificación de redes, testaferros, cuentas mula y estructuras societarias.

La explicación razonada de los indicios.

La aportación de información novedosa.

La capacidad de la comunicación para generar inteligencia accionable.

Una comunicación extensa no es necesariamente una buena comunicación. El valor está en explicar quién interviene, qué ha sucedido, cómo circula el dinero, por qué la operación carece de justificación y qué hipótesis delictiva resulta razonable.

2. Rapidez de detección y respuesta

En blanqueo, una comunicación correcta pero tardía puede resultar inútil.

Deben medirse los tiempos transcurridos entre:

La operación y la generación de la alerta.

La alerta y el inicio del examen especial.

El inicio del examen y la decisión final.

La detección del indicio y su comunicación al Sepblac.

La recepción de la información y una eventual medida de inmovilización.

La identificación de una nueva tipología y su incorporación a los sistemas de control.

El dinero criminal se desplaza en segundos. Una prevención que necesita semanas para reaccionar compite en clara desventaja.

3. Conversión en resultados operativos

Cada comunicación debería contar con un identificador trazable y anonimizado que permitiera conocer su recorrido sin comprometer investigaciones ni vulnerar las obligaciones de confidencialidad.

Debería poder determinarse qué comunicaciones:

Generaron un informe de inteligencia financiera.

Contribuyeron a abrir o ampliar una investigación.

Permitieron identificar a nuevos integrantes de una organización.

Ayudaron a localizar activos.

Desembocaron en medidas cautelares.

Contribuyeron a una acusación, condena o decomiso.

No se trataría de responsabilizar al sujeto obligado del desenlace judicial. Una comunicación puede ser excelente y no terminar en condena por razones probatorias completamente ajenas a quien la remitió. Pero sin conocer su recorrido es imposible evaluar su utilidad ni mejorar el sistema.

4. Dinero efectivamente interrumpido y recuperado

Es necesario diferenciar entre dinero detectado, dinero comunicado, dinero bloqueado, dinero embargado y dinero definitivamente decomisado.

Sumar todas esas cantidades como si representaran el mismo resultado sería engañoso.

Los indicadores deberían reflejar:

Fondos cuya transferencia fue impedida.

Activos cautelarmente inmovilizados.

Cantidades restituidas a víctimas.

Bienes embargados.

Patrimonio definitivamente decomisado.

Tiempo necesario para ejecutar esas medidas.

Porcentaje recuperado respecto del patrimonio criminal identificado.

El objetivo final no es producir expedientes, sino privar a los delincuentes del beneficio económico de sus actividades.

5. Cobertura de los riesgos prioritarios

La medición tiene que conectarse con el Análisis Nacional de Riesgos y con los riesgos específicos de cada sector.

No tendría sentido valorar positivamente a una entidad porque detecta muchas operaciones sencillas mientras no identifica las amenazas de mayor impacto: corrupción, narcotráfico, fraude fiscal organizado, ciberfraude, redes de cuentas mula, uso abusivo de sociedades, activos virtuales o movimientos internacionales complejos.

Debe medirse qué porcentaje de los riesgos relevantes cuenta con:

Escenarios de detección adecuados.

Información disponible y actualizada.

Personal especializado.

Pruebas periódicas de funcionamiento.

Seguimiento de las deficiencias.

Evidencias de reducción del riesgo residual.

La prevención basada en riesgo no puede convertirse en una frase repetida en los manuales. Debe traducirse en prioridades, recursos y resultados comprobables.

6. Coste, proporcionalidad y daños colaterales

Un sistema preventivo también puede ser ineficiente por exceso.

Deben medirse las horas dedicadas, el coste tecnológico, el volumen de falsos positivos, las duplicidades, las alertas irrelevantes y el impacto sobre clientes legítimos.

También hay que vigilar el denominado de-risking: rechazar indiscriminadamente determinados sectores, nacionalidades, territorios o perfiles porque resulta más sencillo expulsarlos que comprender y gestionar su riesgo.

Cerrar cuentas masivamente no siempre significa prevenir mejor. En ocasiones solo desplaza la actividad hacia entidades menos preparadas, canales opacos o jurisdicciones con controles más débiles.

La efectividad debe incorporar, por tanto, indicadores de proporcionalidad, exclusión financiera, reclamaciones, errores de identificación y afectaciones indebidas a personas sin vinculación delictiva.

7. Capacidad de aprendizaje

Cada investigación relevante debería producir conocimiento reutilizable.

Es necesario medir:

Cuántas tipologías se incorporan a los sistemas de alerta.

Cuánto tarda el sector en reaccionar ante una amenaza emergente.

Qué deficiencias se repiten después de haber sido identificadas.

Si la formación modifica realmente el comportamiento del personal.

Si las recomendaciones del supervisor se implementan y verifican.

Si una trama desarticulada reaparece empleando el mismo mecanismo.

Un curso impartido no demuestra aprendizaje. Un manual actualizado no demuestra que el control funcione. La evidencia debe estar en el comportamiento posterior.

Un cuadro nacional de efectividad

España debería desarrollar un cuadro nacional de indicadores que conecte, con las debidas garantías, la información de los sujetos obligados, el Sepblac, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria, la Fiscalía, los órganos judiciales y las instituciones responsables de la recuperación de activos.

Este modelo tendría que incorporar:

Un identificador común de trazabilidad para cada comunicación relevante.

Indicadores ajustados por sector, tamaño, volumen de operaciones y nivel de riesgo.

Evaluación por cohortes, porque una comunicación realizada hoy puede producir resultados judiciales varios años después.

Comparaciones anónimas entre sujetos obligados del mismo sector.

Retorno periódico sobre la calidad y utilidad de las comunicaciones.

Una auditoría independiente de la metodología utilizada.

Una publicación anual de resultados agregados, compatible con la confidencialidad de las investigaciones.

Indicadores de costes, falsos positivos, exclusión financiera y protección de datos.

Revisiones específicas sobre amenazas prioritarias, no solo estadísticas generales.

Experiencias piloto que permitan comparar si un nuevo control detecta mejor que el anterior y a qué coste.

No se trata de elaborar otra memoria cargada de cifras. Se trata de construir una cadena de información que permita saber qué funciona, qué no funciona y dónde se está perdiendo la capacidad preventiva.

El sistema de prevención del blanqueo moviliza enormes recursos humanos, tecnológicos y económicos. Impone obligaciones intensas, puede afectar a derechos individuales y condiciona el acceso de ciudadanos y empresas al sistema financiero. Por ello, no puede conformarse con demostrar que trabaja mucho. Debe demostrar que trabaja bien.

La falta de medición no puede servir como excusa para afirmar que todo funciona ni tampoco para sostener que nada funciona. La realidad es más incómoda: tenemos datos sobre actividad, pero todavía nos falta una visión completa del resultado. No podemos seguir confundiendo prevención con producción documental, formación con asistencia a un curso, supervisión con revisión de expedientes ni efectividad con número de comunicaciones.

El GAFI lo expresa con claridad: disponer de leyes y regulaciones adecuadas no es suficiente; los componentes preventivos, policiales y judiciales deben funcionar conjuntamente y producir resultados. GAFI, efectividad del sistema PBC/FT

El futuro de la prevención del blanqueo pasa por abandonar la comodidad del cumplimiento formal y aceptar una cultura de evaluación real. Una cultura que premie la inteligencia, la rapidez y la capacidad de interrumpir estructuras criminales; que corrija los controles inútiles; y que exija responsabilidades cuando la burocracia sustituya al análisis.

Porque un sistema que no puede demostrar qué riesgo ha reducido corre el peligro de convertirse en una costosa representación del cumplimiento.Y el blanqueo de capitales no se combate representando que prevenimos. Se combate siguiendo el dinero, comprendiendo las estructuras, compartiendo inteligencia y privando al delincuente de sus beneficios.

Juan Carlos Galindo

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo