España acaba de publicar su nuevo Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Se trata de un documento necesario, técnicamente relevante y llamado a orientar durante los próximos años la actuación de los supervisores, las entidades financieras, los profesionales y el resto de sujetos obligados.
No estamos ante un informe administrativo más. El Análisis Nacional de Riesgos determina cuáles son las amenazas que el Estado considera prioritarias, qué sectores presentan una mayor exposición y dónde se encuentran las principales vulnerabilidades del sistema. Sus conclusiones terminarán incorporándose a las inspecciones, los manuales internos, los modelos de clasificación de clientes, la formación de empleados y los sistemas de detección de operaciones sospechosas.
El diagnóstico llega en un momento especialmente delicado. El blanqueo ya no puede representarse únicamente mediante la imagen tradicional del narcotraficante que intenta introducir grandes cantidades de efectivo en una entidad bancaria. El dinero que después necesita ser blanqueado procede de delitos muy diversos: tráfico de drogas, corrupción, fraude fiscal, estafas, apropiaciones indebidas, delitos societarios, contrabando, trata de seres humanos, explotación sexual o laboral, tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada. A ellos se une una amenaza que ha crecido de manera extraordinaria: el fraude cometido mediante tecnologías de la información.
Las cifras permiten comprender la dimensión del problema. Durante 2025 se registraron en España 2.474.156 infracciones penales. De ellas, 489.248 fueron ciberdelitos y 430.493 estafas informáticas. Esto significa que las estafas representaron el 88 % de toda la cibercriminalidad y aproximadamente el 17,4 % del conjunto de la delincuencia registrada.No se trata, además, de una desviación circunstancial. En 2016 se contabilizaron 70.178 estafas informáticas. En 2025 fueron 430.493. El crecimiento acumulado en diez años alcanza el 513,4 %. España registra actualmente más de 1.179 estafas informáticas al día, prácticamente una cada 73 segundos.
Estas cifras tienen una conexión directa con el blanqueo de capitales. Cada fraude consumado genera un beneficio que debe ser recibido, desplazado, ocultado o transformado. Para ello se utilizan cuentas mula, identidades usurpadas, empresas instrumentales, transferencias inmediatas, tarjetas, entidades de pago, criptoactivos o retiradas rápidas de efectivo. No se puede combatir eficazmente una estafa sin seguir el dinero. Tampoco puede comprenderse el blanqueo moderno ignorando la tecnología utilizada para generar y desplazar los beneficios del delito.
Uno de los principales méritos del nuevo análisis es reconocer que el riesgo es transversal. El blanqueo no pertenece exclusivamente al sector financiero. Atraviesa bancos, entidades de pago, inmobiliarias, profesiones jurídicas, asesorías, sociedades mercantiles, negocios intensivos en efectivo, plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de activos virtuales.
También resulta acertado que sitúe a las entidades de crédito en el centro del sistema. Los bancos presentan necesariamente una exposición elevada porque concentran millones de clientes, operaciones nacionales e internacionales, canales de pago y productos financieros.Esto no significa que la banca sea responsable del blanqueo. Significa que constituye simultáneamente una posible puerta de entrada, una barrera preventiva, una fuente de inteligencia y el principal punto de observación del movimiento de fondos.
El documento refuerza, además, el llamado enfoque basado en el riesgo. Este principio exige que las medidas preventivas sean proporcionales a la exposición real de cada cliente, producto, canal, operación o territorio.En teoría, supone abandonar una prevención burocrática basada en acumular fotocopias, formularios y declaraciones genéricas. En la práctica, existe el peligro de que numerosas organizaciones se limiten a copiar las conclusiones del análisis nacional en sus manuales.
Afirmar que un determinado sector presenta un riesgo elevado no constituye un verdadero análisis interno. Cada sujeto obligado debe estudiar su actividad, sus clientes, sus productos, los países con los que opera, sus intermediarios, sus canales de contratación y su capacidad efectiva de control.
El Análisis Nacional de Riesgos debe ser un punto de partida, no una plantilla.
La principal debilidad de la versión pública se encuentra en su metodología. Se identifican amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo, pero no siempre resulta posible reconstruir con precisión cómo se ha llegado a cada conclusión. Una evaluación de esta importancia debería permitir conocer claramente qué variables se han empleado, cuánto pesa cada una, cuáles son las fuentes estadísticas, qué periodo se ha analizado y cómo se diferencia entre riesgo inherente y riesgo residual.
Sin esa información, las clasificaciones pueden parecer razonables, pero resultan difícilmente reproducibles. Y sin reproducibilidad es complicado verificar la solidez técnica de las conclusiones o comparar los resultados en futuras actualizaciones. Existe un problema todavía más profundo. España sigue midiendo con bastante precisión la actividad preventiva, pero no con la misma claridad sus resultados.
Se cuentan comunicaciones por indicio, inspecciones, expedientes, requerimientos, manuales revisados y personas formadas. Sin embargo, seguimos teniendo dificultades para responder a preguntas mucho más importantes.
¿Cuánto dinero ilícito se ha impedido introducir en el sistema? ¿Cuánto se ha detectado? ¿Cuánto ha sido bloqueado? ¿Cuánto ha terminado embargado o decomisado? ¿Cuántas comunicaciones han dado lugar a una investigación útil? ¿Cuántas alertas eran falsos positivos? ¿Qué medidas preventivas han demostrado realmente su eficacia? Sin estas respuestas, existe el riesgo de confundir actividad con efectividad.
Un sistema puede generar miles de documentos, avisos y comunicaciones sin impedir que el dinero continúe circulando. El éxito no consiste en producir más información, sino en convertirla en inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, medidas cautelares, condenas y recuperación de activos.
El documento también debería ser más crítico con las propias instituciones. Las vulnerabilidades no se encuentran exclusivamente en las empresas o en los profesionales privados. También aparecen en la falta de coordinación administrativa, la dispersión de bases de datos, los retrasos judiciales, la escasez de personal especializado, el limitado retorno de información y la dificultad de transformar la inteligencia financiera en prueba utilizable ante los tribunales.
Durante años se han incrementado las obligaciones del sector privado. Cada nueva exigencia implica inversiones tecnológicas, contratación de personal, tratamiento de datos personales y una creciente responsabilidad sancionadora.
Es legítimo exigir colaboración a quienes operan dentro del sistema económico. Pero también debe demostrarse que toda la información recopilada se procesa, analiza y utiliza eficazmente. Más datos no significan necesariamente mejor inteligencia.
Otra cuestión preocupante es el peligro de exclusión financiera. Cuando una actividad, un territorio o un perfil de cliente se clasifica como de riesgo elevado, algunas entidades pueden preferir cerrar cuentas o rechazar relaciones comerciales completas. Esta práctica no gestiona el riesgo: lo expulsa. Una organización sin fines de lucro, una empresa que opera internacionalmente o un ciudadano procedente de un país considerado de riesgo no deben ser excluidos automáticamente. El riesgo debe analizarse individualmente y gestionarse mediante controles reforzados.
También debe mantenerse un equilibrio respecto del dinero en efectivo. Es cierto que facilita el anonimato y puede emplearse en la economía sumergida, el narcotráfico, la corrupción o la ocultación patrimonial. Pero también cumple funciones legítimas de privacidad, autonomía e inclusión financiera. Las personas mayores, los ciudadanos con menor acceso tecnológico, los pequeños comercios y las zonas rurales no pueden convertirse en daños colaterales de una política preventiva mal diseñada.
El nuevo Análisis Nacional de Riesgos supone, en definitiva, un avance. España dispone ahora de un mapa más actualizado de las amenazas relacionadas con el blanqueo y la financiación del terrorismo. Pero un mapa no detiene por sí mismo el dinero ilícito. Para que el documento sea verdaderamente útil será necesario convertir sus conclusiones en objetivos medibles, reforzar la coordinación institucional, mejorar el retorno de información, evitar el formalismo y determinar periódicamente qué controles funcionan.
La prevención del blanqueo no puede valorarse por el número de papeles generados. Debe medirse por su capacidad para seguir el dinero, impedir su circulación y recuperar los beneficios del delito. España ha actualizado el diagnóstico. Ahora debe demostrar que sabe convertirlo en resultados.
