La prevención del blanqueo de capitales no admite atajos ni improvisaciones. Sin embargo, en el momento actual, España —y no es la única— se enfrenta a un giro regulatorio que amenaza con dejar a muchos sujetos obligados navegando sin brújula. La inminente desaparición de la figura del experto externo en prevención de blanqueo, una figura que durante años ha aportado independencia, objetividad y criterio técnico a la supervisión, plantea un escenario de riesgo que no puede ignorarse.
Se nos dice que las organizaciones “maduras” no necesitan revisión externa para cumplir con la ley. La realidad es menos optimista: buena parte de los sujetos obligados, especialmente los de menor tamaño ( y no necesariamente) o con recursos limitados, carecen de la infraestructura, la experiencia y la tecnología necesarias para implantar controles internos con la misma eficacia que un experto externo especilizado. El resultado previsible es una mayor exposición al incumplimiento y, con él, a sanciones económicas y daños reputacionales irreparables.
En 2024, según datos del SEPBLAC, más del 38 % de los informes de experto externo detectaron deficiencias graves o muy graves en las medidas de diligencia debida y en la monitorización de operaciones. En sectores como el inmobiliario, las joyerías o las gestorías administrativas, los fallos alcanzaron picos del 50 %. Con la eliminación de este examen, esos agujeros de control quedarán, en muchos casos, sin identificar hasta que sea demasiado tarde.
Casos recientes lo demuestran. En enero de 2025, una red de blanqueo vinculada al narcotráfico utilizó durante meses una cadena de intermediarios financieros sin licencia adecuada, amparados en la falta de auditoría externa. En Galicia, la Guardia Civil desmanteló en mayo un entramado de compraventa de metales preciosos que había omitido durante tres ejercicios consecutivos la identificación reforzada de clientes de alto riesgo, sin que ninguna autoridad detectara el incumplimiento a tiempo.
En este contexto, la propuesta de la ISO/NP 37013 – Anti-money laundering — Guidance, de la cual, nos advertía hace unos dias, Ivan Martinez, CEO de Intedya, se presenta casi como un salvavidas normativo. Impulsada por el comité técnico ISO/TC 309 y alineada con estándares como ISO 37001 (antisoborno) y ISO 37301 (compliance), esta futura guía pretende ofrecer un marco de referencia global que permita a las organizaciones integrar la lucha contra el blanqueo en sus sistemas de gobernanza y gestión de riesgos.
No obstante, conviene no confundir una oportunidad con una solución inmediata. La ISO/NP 37013, en fase de New Project Ballot hasta el 3 de noviembre de 2025, necesitará tiempo para convertirse en un estándar definitivo y, más importante aún, para ser adoptada y aplicada eficazmente por el tejido empresarial. Y el tiempo es precisamente el recurso del que menos disponen quienes verán desaparecer en breve la revisión externa obligatoria.
Por eso, el problema de fondo es otro: la decisión política de eliminar la figura del experto externo ( inminente) sin haber articulado previamente un plan realista de transición. Se ha dejado en manos de las propias empresas la carga de reforzar controles, sin proporcionar una hoja de ruta clara ni mecanismos de apoyo técnico o financiero. Esto equivale a exigir a un barco que cruce un océano en plena tormenta… justo después de retirar a su capitán.
La futura norma ISO/NP 37013 es, sin duda, una herramienta valiosa. Su valor reside en que proporciona un lenguaje común, una metodología reconocida internacionalmente y una oportunidad para que las organizaciones asuman de forma proactiva la gestión de riesgos de blanqueo. Pero para que esto funcione, será imprescindible un compromiso serio de los consejos de administración, una inversión sostenida en formación, tecnología y cultura de cumplimiento, y mas pronto que tarde, un acompañamiento regulatorio que en un futuro, brillara por su ausencia.
En definitiva, estamos ante un momento crítico: o aprovechamos la coyuntura para profesionalizar de verdad el compliance interno o veremos cómo el vacío que dejara el experto externo se traduce en un retroceso en la lucha contra el blanqueo de capitales. La ISO pone la herramienta sobre la mesa; ahora toca que la Administración y el sector privado decidan si quieren empuñarla… o dejarla oxidarse mientras los riesgos crecen.
