Valencia– Los fraudes en transferencias bancarias se han convertido en una de las principales amenazas del sistema financiero europeo. Cada año, miles de ciudadanos y empresas pierden millones de euros en manos de delincuentes que se aprovechan de la ingeniería social y de la rapidez de los pagos digitales. En este escenario, la Verification of Payee (VoP), o verificación del beneficiario, se perfila como un nuevo muro de contención frente a las ciberestafas.

El auge de los fraudes de suplantación de proveedores o fraudes de pago autorizado preocupa especialmente a las autoridades. En este tipo de delitos, el cliente cree estar realizando un pago legítimo —por ejemplo, a su compañía de suministros o a un socio comercial—, pero en realidad el dinero acaba en manos de los estafadores.

En España, las cifras hablan por sí solas: en el primer semestre de 2025 se registraron más de 245.000 ciberataques, lo que supone un incremento del 3,4 % respecto al año anterior. De ellos, el 86,4 % correspondieron a estafas informáticas, la modalidad delictiva más frecuente. En ciudades como Alcorcón, los ciberdelitos crecieron un 71 % en los seis primeros meses del año, un reflejo de la escalada que atraviesan muchas localidades del país. Estas cifras confirman la tendencia al alza ya detectada en 2022, 2023 y 2024. Todo indica que 2025 cerrará con un nuevo récord.

La VoP es un sistema que realiza una comprobación sencilla pero poderosa: verifica si el nombre del beneficiario que introduce el pagador coincide con el titular real de la cuenta receptora. El banco, en cuestión de segundos, devuelve uno de estos mensajes: coincidencia exacta, coincidencia parcial o no coincide. Con este mecanismo, si un ciberdelincuente suplanta a un proveedor y entrega un número de cuenta falso, el sistema advierte al usuario antes de ejecutar la operación.

El Reino Unido fue pionero en implantar la VoP en 2019, tras un aumento alarmante de fraudes APP que costaban cientos de millones de libras a consumidores y empresas. Bajo la supervisión de la Payment Systems Regulator y la asociación Pay.UK, la medida redujo de forma notable las estafas de transferencia bancaria. La Unión Europea tomó nota. En 2024 aprobó la Regulación (UE) 2024/1624 sobre pagos instantáneos, que obliga a bancos y proveedores de servicios de pago a integrar un sistema de verificación de beneficiarios en todas las transferencias inmediatas en euros. España, por tanto, está ya en proceso de adaptar su sistema financiero a este nuevo estándar.

Los beneficios son claros: prevención del fraude, confianza del consumidor, impulso a los pagos inmediatos y creación de un estándar europeo. Pero la implantación también enfrenta retos: la adaptación tecnológica de las entidades financieras, la gestión de bases de datos actualizadas y, sobre todo, la concienciación del usuario. De nada sirve la alerta si quien recibe el aviso la ignora y prosigue con el pago.

Para Juan Carlos Galindo, especialista en prevención del fraude y Director de Galindo Legal, la llegada de la VoP es “una buena noticia, pero no la solución definitiva”. En sus palabras: “La Verification of Payee va a suponer un antes y un después en la lucha contra las estafas digitales en España. Obliga a los bancos a comprobar lo que hasta ahora pasaba desapercibido: si el dinero realmente va a parar a quien creemos. Pero no podemos bajar la guardia. La tecnología ayuda, pero la ingeniería social sigue siendo el arma favorita de los delincuentes. Por eso necesitamos no solo sistemas de verificación, sino también más educación financiera, más cultura de la ciberseguridad y un mayor compromiso de las instituciones en la protección de las víctimas.”

La VoP, en definitiva, es un escudo necesario para tiempos de creciente vulnerabilidad digital. Su éxito dependerá de la rapidez en su implantación y de la capacidad de ciudadanos, empresas y administraciones para aprender a interpretar y actuar ante las señales de alerta.